El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado hoy un Plan de Choque ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en los recursos y servicios dependientes del departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Según ha explicado la portavoz foral, Eider Mendoza, ésta iniciativa pretende responder “estratégica y coordinadamente a una situación sin precedentes a nivel global, pero con efectos a nivel local en todos los ámbitos: sanitario, social y económico”. 

La segunda medida adoptada es la aceptación del Decreto Foral-Norma que recoge la serie de medidas fiscales para hacer frente a la situación generada por la expansión del Covid-19. Mendoza ha recordado que la Diputación se comprometió a ser flexible e intentar dar más tiempo a los y las contribuyentes, para que cumplan como es debido las obligaciones tributarias que tienen. “Y eso es precisamente lo que hemos aceptado en el Consejo de hoy: retrasar y flexibilizar plazos, para dar más margen sobre todo a aquellos y aquellas contribuyentes con dedicación a la actividad económica”, ha señalado.

Entre las medidas aprobadas, se encuentra el ya conocido movimiento de potenciar los aplazamientos: la Hacienda foral concederá aplazamientos de modo automático hasta un límite de 300.000 euros, sin garantías, y con un plazo de devolución de 24 meses. “En este punto, quisiera poner el foco en la rapidez: el o la contribuyente pide un aplazamiento y se le concede automáticamente. Por tanto, autónomos y autónomas, empresas pequeñas, medianas… disponen al momento de esos recursos”, ha señalado la portavoz foral, estimando que con esta medida y la situación actual se espera un crecimiento de los aplazamientos de 120 millones de euros. Por otra parte, en relación a los aplazamientos vigentes, se retrasa el paso de marzo a abril.

En lo que respecta al pago de declaraciones y autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, se amplía el plazo al 27 de abril, mientras que las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración y las deudas tributarias que se encuentran en periodo ejecutivo se alargan hasta el 1 de junio. Las personas autónomas, por su parte, no estarán obligadas a ingresar los pagos fraccionados del IRPF durante los dos primeros trimestres, lo que supondrá liberar 32 millones de euros en este colectivo. Por último, en el capítulo de las devoluciones la Hacienda foral ha reforzado los equipos que trabajan en este campo, en especial en el IVA, con el objetivo de reducir plazos y devolver liquidez de la forma lo más rápida posible a personas autónomas y empresas.